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7 de Julio 

Día Mundial de las Cooperativas

Saludamos a los y las integrantes de las cooperativas en el Día Mundial de las Cooperativas.

El impulso a la cooperación está en la base del humanismo cristiano, personalista y comunitario.

Es necesario que ampliemos estos espacios de satisfacción de necesidades, crecimiento personal y comunitario, generadores de democracia económica.





30 años del Plan CAIF

La primera infancia es una prioridad nacional impostergable

 

 

El camino recorrido

 

En los primeros años de vida democrática recuperada, Juan Pablo Terra conduce varias investigaciones sobre la infancia en el Uruguay por encargo de UNICEF. En 1986 culmina, junto con la Ec. Mabel Hopenhaym, una investigación sobre los efectos en la infancia de las políticas implementadas durante la dictadura, la recesión y las políticas de ajuste. Inmediatamente se aboca a la dirección de una investigación que pone en práctica metodologías innovadoras para evaluar por muestreo las condiciones de vida, la desnutrición y los retrasos psicomotores de los niños y niñas pertenecientes a hogares pobres del Uruguay.En 1989 actualiza su análisis sobre la infancia y formula propuestas específicas de políticas sociales en la materia.[1]

 

En estos trabajos Juan Pablo Terra nos advierte sobre las condiciones en que viven los niños y niñas de las familias pobres[2], con clara identificación de los principales déficits en el desarrollo infantil temprano y sus consecuencias. A la vez, con la evidencia científica aportada, realizó un conjunto de recomendaciones para el diseño e implementación de las políticas sociales.

 

A lo anteriormente expresado se suman las crecientes necesidades de apoyo de las familias de clase media con una alta inserción de la mujer en el mercado de trabajo y en el sistema educativo y cambios en los roles intrafamiliares.

 

Quizás la principal consecuencia de la alerta de Juan Pablo Terra fue la decisión de crear el Plan CAIF (Centros de atención a la infancia y la familia), iniciativa que contó para su diseño original y puesta en marcha con el apoyo de UNICEF. El Plan CAIF asume, desde su inicio, las múltiples carencias identificadas en la primera infancia en situación de pobreza y en consecuencia se formula como un esfuerzo integral, y por lo tanto interinstitucional, multidisciplinario y con participación del Estado y la sociedad civil, de apoyo a la infancia y la familia. En el Estado la institución líder es, desde 1996, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Tal como se expresa su sitio web institucional “El Plan CAIF desde 1988, constituye una política pública intersectorial de alianza entre el Estado, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), e Intendencias Departamentales, cuyo objetivo es garantizar la protección y promover los derechos de los niños y las niñas desde su concepción hasta los 3 años, priorizando el acceso de aquellos que provienen de familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social, a través de las modalidades urbana y rural.”

 

Durante estas tres décadas el Plan CAIF fue creciendo con la apertura de centros en todo el territorio nacional.A 10 años de creado, en 1998, el Plan CAIF atendía 9.408 niños y niñas; a los 20 años, en 2008, la cobertura alcanzaba a 41.216 en 313 CAIF.

 

La Comisión de Infancia del Plan de Equidad, instalada el 12 de setiembre de 2007, dedicó su trabajo en el último trimestre del año al análisis de la situación de la primera infancia, entendida ésta desde la gestación, poniendo especial énfasis en las condiciones de vida de embarazadas y niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, así como en la calidad y cobertura de la atención en salud y educación. El trabajo de esta Comisión dejó claro que se requería un esfuerzo nacional adicional para alcanzar una efectiva equidad de oportunidades al inicio de la vida y en la primera infancia, cumpliendo así con compromisos suscritos por el país. Para que el esfuerzo a realizar fuera eficaz en el logro de ese propósito, resultaba imprescindible formular un Plan de Acción específico.

 

En el año 2008 me correspondió elaborar el primer Plan de Acción en la materia que titulamos“Equidad de oportunidades desde el inicio de la vida. Plan de acción al 2015 para el aumento de la cobertura y la mejora de la calidad en la atención a la primera infancia”. Este Plan contó con el acuerdo de la Comisión de Infancia del Plan de Equidad que reunía a todas las instituciones públicas con competencias en primera infancia.Este Plan de Accióndescribía la situación esperada a 2015, con sus objetivos, indicadores, metas, acciones a realizar para el logro de los objetivos y cronograma de ejecución propuesto.

 

Al año siguiente, en 2009, se formuló y aprobó la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia (ENIA) 2010 – 2030 y su correspondiente Plan de Acción 2010 – 2015. Esta Estrategia constituye un hito fundamental en la concepción y diseño de las políticas públicas para la infancia y la adolescencia por su mirada de mediano plazo, por su integralidad y por los amplios consensos nacionales que recogió durante su elaboración y aprobación.Tal como lo expresaba aquel primer Plan de Acción en Primera Infancia formulado en 2008, el Plan de Acción 2010-2015 de la ENIA propuso alcanzar al 2015 la atención del 100% de los niños y niñas de los hogares del primer quintil de ingresos.Para ello se fijó como meta que el Plan CAIF debía incorporar 40 mil niños/as de 0 a 3 años inclusive,con 200 nuevoscentros.Se realizó un estudio específico[3] para determinar en qué barrios de Montevideo y en qué localidades del interior del país se identificaban hogares del primer quintil de ingresos con niños/as pequeños sin atención y cuál era, en cada lugar, el aumento necesario de la cobertura (en ampliaciones y centros nuevos) para alcanzar la meta. La identificación de barrios y localidades con sus respectivos déficits de cobertura permitiría al Plan CAIF definir con precisión lugares y tamaños de los nuevos CAIF a crearse. El estudio estimó asimismo los costos de infraestructura y el incremento en los gastos de funcionamiento anuales, así como el impacto fiscal de las medidas. Todo ello fue puesto a disposición de los organismos correspondientes para la formulación del presupuesto nacional quinquenal en 2010.

 

Hoy día, a 30 años de creado y 10 años después de aquel primer Plan de Acción, el Plan CAIF cuenta con 422 CAIF que atienden a 52.467[4] niños y niñas de 0 a 3 años inclusive, acompañando a madres, padres y otros referentes adultos de estos niños y niñas.El Plan CAIF ha logrado operar como una política intersectorial integradora del esfuerzo público con participación de la sociedad civil y mantener su continuidad a lo largo de tres décadas. 

 

El Plan CAIF es una expresión muy significativa de política social que articula Estado y Sociedad Civil a través de la participación organizada de las comunidades locales y otras asociaciones civiles. Estas comunidades se han organizado y han aceptado la responsabilidad de gestionar los CAIF a partir de reconocer como un problema y un desafío la presente situación de la niñez en situación de pobreza. Han asumido como un objetivo de su accionar la mejora de las condiciones de vida de estos niños y niñas. Junto a las instituciones estatales se encuentran numerosas organizaciones de la sociedad civil que se reconocen a sí mismas como sujetos de esta política pública. Son efectivamente co-ejecutores del Plan. Esta base social junto al continuado rol del Estado le permitió al Plan perdurar y sobrellevar períodos de inestabilidad y le ha permitido buscar nuevos apoyos, crecer y consolidarse. Asimismo, la presencia de la sociedad civil organizada le otorga al Plan una mejor valoración y comprensión de las condiciones de vida de los niños, niñas y sus familias, le brinda caminos más apropiados para actuar sobre la situación de la infancia y le posibilita una interesante movilización de recursos que de otra manera difícilmente estarían disponibles[5]. Dos hechos recientes demuestran fehacientemente la vitalidad del Plan CAIF: por un lado la reciente constitución de la Federación Plan CAIF que agrupa a las OSC que gestionan CAIF afirmando la constitución de un actor social de segundo grado que le aportará renovados impulsos vitales al Plan; por otro la “cochecaminata”, una impresionante conjunto de movilizaciones simultáneas llevadas a cabo el 28 de abril en 17 departamentos y el 12 de mayo en los 2 restantes, expresando por fuera de toda duda la enorme vitalidad del Plan CAIF y de las OSC que lo integran así como la potencialidad de la articulación y acción conjunta entre el Estado y la Sociedad Civil.

 

Junto al Plan CAIF existen otros centros de atención a la infancia con financiamiento público, tales como los 17 centros Nuestros Niños en Montevideo (programa desarrollado originalmente por la Intendencia Departamental, hoy en la órbita del INAU), gestionados por organizaciones de la sociedad civil al igual que los CAIF, que atienden a 1.231 niños y niñas y los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) desarrollados por el INAU, de gestión estatal, 36 en todo el país, que atienden hoy a 1.540 niños y niñas de 0 a 3 años inclusive.[6] Por su parte el Consejo de Educación Inicial y Primaria(CEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) viene realizando un importante esfuerzo de aumento de la cobertura en el nivel de 3 años.

 

El esfuerzo realizado para la ampliación de la cobertura y mejora de la calidad en la atención de la primera infancia ha sido muy significativo, pese a lo cual, nos encontramos n por debajo de la meta definida para el año 2015.

 

Como se observa en el siguiente cuadro, la matrícula total en primera infancia (0 a 2 años inclusive) en el año 2018 alcanzaba a 58.092 niños y niñas. Se puede calcular la cobertura actual considerando una estimación de la población por edades simples en 2018[7]. La cobertura total alcanza en la actualidad al 42% de los niños y niñas de esas edades siendo creciente con la edad: 22% en los menores del año, 46% en los de 1 año y 56% en los de 2 años. Como puede observarse 63% de la atención total en primera infancia (0 a 2 años inclusive) la proporciona el Plan CAIF (siendo el 95% de la financiada por el Estado).

 

Corresponde señalar que la atención brindada por el Plan CAIF a menores de un año y un año se realiza a través del Programa de Experiencias Oportunas que se desarrolla bajo la modalidad de talleres semanales con los niños y niñas de estas edades y sus madres, padres o adultos referentes. Es así que semanalmente participan de estos talleres unos 23 mil adultos en todo el país. Estos talleres constituyen un espacio fundamental e insustituible para el fortalecimiento de los vínculos parentales, la interacción e integración social entre los adultos participantes, compartiendo herramientas fundamentales para la crianza de los niños y niñas en esta etapa fundamental de la vida. De hecho, este espacio es tan importante que por esta experiencia deberían pasar todas las familias con niños y niñas de nuestra sociedad. A la fecha varios CAIF han incorporado, además, la atención diaria para niños de 1 año, incluso algunos menores de un año. Este avance no debe sustituir sino complementar los talleres del “Programa de experiencias oportunas” que esperamos siga creciendo en cobertura e involucramiento de las familias de la comunidad.

 

En educación inicial, nivel 2 años, el Plan CAIF desarrolla una propuesta pedagógica de atención diaria basada en las orientaciones definidas en el Marco Curricular del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (CCEPI).

 

En educación inicial,nivel 3 años (no obligatoria),el país ha alcanzado una cobertura del 81% en la cual el Plan CAIF realiza una propuesta pedagógica basada en las orientaciones definidas en el Marco Curricular del CCEPI, participando con el 33% del total (algo menos de la mitad de la financiada por el Estado). Cabe señalar que entre los niños y niñas de 4 y 5 años la cobertura de la educación inicial es casi total en el nivel de 4 años y total en 5 años, siendo proporcionada en un 80% por el CEIP de ANEP.

 

Matrícula en primera infancia y educación inicial no obligatoria

Año 2018

Plan CAIF

CAPI

Nuestros niños

 

CEIP/ANEP

Colegios privados

Centros de educación inicial

privada[8]

TOTAL

Población

(estimación)

Cobertura

(%)[9]

 

3/2018

3/2018

3/2018

2017

2017

2016

 

2018

2018

Men. de 1 año

8. 342

134

 

 

        835

9.317

42.738

22

1 año

15.019

550

157 

 

2.283

3.548

21.557

46.682

46

2 años

16.183

651

516 

55

4.653

5.160

27.218

48.559

56

0 a 2 años

39.544

1.335

679

55

6.936

9.543

58.092

137.979

42

3 años 

12.923

205

552 

14.581

6.050

4.560

38.871

47.992

81

Total

52.467

1.540

1.231

14.636

12.986

14.103

96.963

185.971

52

 

¿Cuál es el déficit de cobertura a atender en los próximos años?Teniendo en cuenta la evolución reciente de los nacimientos, es razonable esperar que en los próximos años la población en estas edades sea inferior a la actual y más bien similar, por edades simples, a la existente hoy de menores de un año. Suponiendo en consecuencia un mantenimiento,en los próximos años, de los nacimientos y la mortalidad infantil en los niveles de 2017 y sin considerar los impactos migratorios, el déficit efectivo de cobertura total a atender será entonces obviamente menor pudiendo estimarse en: 78% entre los menores de un año, 50% entre los de un año, 36% entre los de 2 años y 9% entre los de 3 años.

 

En números absolutos, el déficit a atender en primera infancia sería aproximadamente de: 33 mil menores de un año, 21 mil de un año, 15 mil de dos años y 4 mil de 3 años.

 

Qué hacer

 

Dos cursos de acción, combinados y simultáneos, son imprescindibles y urgentes:

 

1. Crecimiento de la cobertura del Plan CAIF hasta alcanzar la universalización[10] de la atención a la primera infancia. En números absolutos el esfuerzo que deberá hacer el Estado es (sin un aumento de la participación privada) el siguiente:

-          En primera infancia, aumentar la cobertura del Plan CAIF incorporando hasta 15 mil cupos en educación inicial nivel 2 años, en régimen de atención diaria; más 21 mil de 1 año y 33 mil menores de un año junto a sus adultos referentes en el Programa de experiencias oportunas. En el nivel de 1 año es preciso, además, ofrecer en todos los centros la posibilidad de atención diaria, hoy ya disponible en varios CAIF. En la medida en que el CEIP de ANEP absorba cupos de 3 años hoy atenidos por los CAIF, se podrá destinar espacio físico y recursos corrientes de los CAIF a la atención diaria de niños y niñas de 1 año(incluso algunos menores de un año). Asimismo, es fundamental fortalecer el apoyo y acompañamiento a mujeres embarazadas en coordinación con el sistema de salud.

-          En educación inicial, nivel 3 años, incorporar,por parte del CEIP de ANEP, hasta 4 mil niños y niñaspara alcanzar la universalización y, de seguir creciendo, absorber progresivamente los cupos para niños y niñas de 3 años hoy atendidos por el Plan CAIF.

 

En la primera infancia, este esfuerzo debe realizarse atendiendo los desiguales déficits de cobertura existentes en el país. Montevideo y su área metropolitana (en los departamentos de Canelones y San José) así como Maldonado y Rivera se ubican por encima del déficit promedio nacional por lo que son las áreas prioritarias. En ellas se ha señalado la presencia de mayor cantidad de hogares con alta vulnerabilidadsocial con niños y niñas, lo que refuerza la urgencia de priorizar la expansión allí. En un segundo grupo están los departamentos del litoral del Río Uruguay y Rocha. En el otro extremo, los departamentos con mayor cobertura son los del centro del país, Durazno, Flores y Florida. Esta desigual distribución territorial en la atención a la primera infancia ya había sido identificada en todos los estudios anteriores y no ha sido revertida.

 

2. Cinco campos de actuación imprescindibles: a) potenciar los desarrollos pedagógicos, laformación profesional y las evaluaciones externas para alcanzar la más alta calidad; b) fortalecer, con perspectiva promocional (no instrumental ni asistencial), las capacidades y autonomía de las organizaciones de la sociedad civil que gestionan los centros y el desarrollo comunitario; c) fortalecer la gestión de la infraestructura (locales y su equipamiento), planificando la inversión, innovando en tecnologías constructivas y articulando estas inversiones con la construcción de la ciudad propiciando integración social; d) dar un nuevo impulso a las acciones de promoción y cuidado de la saludprevistas en el acuerdo firmado en 2008 entre el sistema de salud y el Plan CAIF[11] y al programa alimentario nutricional; e) construir un nuevo marco institucional y de gestión imprescindible ya hoy con un Plan CAIF con 422 centros distribuidos en todo el territorio nacional más, los centros Nuestros Niños y los CAPI, y más aún para alcanzar y administrar los más de 600 centros que implicará la universalización en la atención a la primera infancia;marco institucional que debe incluir la constitución de un organismo específico con capacidad ejecutora y autonomía respecto a la rectoría en infancia y adolescencia.

 

El llamado de atención que nos formulará Juan Pablo Terra y su equipo de investigadores hace tres décadas sigue plenamente vigente. Posteriores encuestas, estudios e investigaciones realizadas en nuestro país, tal como la Encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud (ENDIS) (véase La Diaria del lunes 4 de junio), lo han confirmadouna y otra vez: en los contextos de pobreza se evidencian con mayor frecuencia déficits nutricionales de la madre antes y durante el embarazo, menor peso al nacer y prematurez, déficits nutricionales de los niños y niñas pequeños, carencias en las prácticas de crianza. El desarrollo infantil requiere de la nutrición, la salud y las oportunidades y estímulos que permitan a los niños expresar su potencial y adquirir habilidades y competencias en las esferas cognitiva, emocional y social. Las neurociencias han demostrado que en estas primeras etapas del ciclo vital existen oportunidades fundamentales de desarrollo humano.Cuando se verifican las carencias antes mencionadas, ello afecta negativamente al desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas de los niños y se traduce en fuertes dificultades de aprendizaje desde el inicio del ciclo escolar.

 

Está en nuestras manos proporcionar,en un breve plazo, a todos los niños y niñas de nuestro país la oportunidad de un desarrollo integral en condiciones de equidad de forma tal que aquellos que nacen en hogares con carencias socio-económicas puedan construir proyectos de vida que no reproduzcan las situaciones de pobreza de sus hogares de origen. El esfuerzo requerido está a nuestro alcance. No hay excusas. No hacerlo o demorarlo es ética y políticamente inaceptable y un grave error que hará inútiles los esfuerzos que hagamos en otros campos del quehacer público por reducir desigualdades y pobreza.Convocamos al amor y la solidaridad, a superar egoísmos de generación, de corporación o de clase;apelamos a la responsabilidad de todos, Estado y sociedad civil, gobernantes y gobernados, a la decisión política valiente para priorizar a la primera infancia.


Pablo Martínez Bengochea

Presidente del Instituto Juan Pablo Terra

 

 


[1] Juan Pablo Terra. Infancia y políticas sociales. Pobreza, desnutrición y retraso psicomotor. Instituto Juan Pablo Terra. Montevideo. 2015

[2] Al respecto, Juan Pablo Terra entiende la pobreza “… no solo como los bajos ingresos, sino como el conjunto de características económicas, de instrucción, vivienda, prácticas alimentarias, cobertura y prácticas de salud, condiciones del medio familiar, creencias y prácticas de crianza”. Ibidem, pág. 58.

[3] CINVE. “Dimensionamiento económico de la universalización de los servicios de atención y educación a la primera infancia, considerando los modelos existentes, así como posibles modelos alternativos.” Febrero de 2010.

[4]Datos del SIPI de INAU al 31 de marzo de 2018.

[5]Considerando únicamente las diversas tareas de coordinación institucional y gestión que desarrollan los miembros de las OSC en forma voluntaria en los 422 CAIF, el costo equivalente supera ampliamente los 10 millones de dólares anuales, monto que debería ser financiado por el Estado si esa función se realizara por una persona contratada a tiempo completo en cada CAIF(sobre la base de los niveles salariales actuales de los CAIF, que son inferiores a los niveles salariales de los CAPI y de Nuestros Niños).

[6]Datos del SIPI de INAU al 31 de marzo de 2018.

[7]Se ha estimado la población por edades simples en 2018 a partir de los nacimientos ocurridos anualmente desde el año 2012 menos las muertes de menores de un año. No se han considerado los posibles efectos de la migración.

[8] Datos del MEC (últimos disponibles) sobre loscentros de educación inicial privada autorizados por dicho Ministerio. Aún existen en funcionamiento, en diversas partes del país, otros centros privados de educación inicial que funcionan sin la autorización correspondiente y sobre cuya cobertura no disponemos de información.

[9]Nota: Dado que se están comparando registros administrativos con estimaciones de población, deben entenderse los porcentajes de cobertura como aproximaciones. Entre otros, los siguientes factores pueden estar afectando estos porcentajes: del lado de la matrícula, las distintas fechas en las que se realizaron los diferentes registros (INAU marzo de 2018, ANEP 2017, MEC 2016),falta de información sobre matrícula en centros privados no autorizados por el MEC, errores de registro no identificados; del lado de las estimaciones de población, la no consideración de los niños y niñas inmigrantes. La ECH da cuenta de niveles de cobertura similares, aunque algo inferiores en los niveles de 2 y 3 años: 2 años 52% y3 años 74%. Sin embargo, no refleja adecuadamente la asistencia de menores de 2 años cuando ésta no es diaria (caso del Programa de experiencias oportunas del Plan CAIF).

[10]Por universalización se entiende ofrecer la posibilidad y promover la participación y matriculación en todo el territorio nacional, no declararla obligatoria. En particular la participación en el Programa de experiencias oportunas es compatible con la crianza exclusivamente en el hogar y especialmente recomendable en todos los estratos sociales.

[11]Convenio “Educación y salud en la primera infancia” firmado entre el MSP, ASSE, MIDES, INAU y el Comité Nacional del Plan CAIF en 2008.

 







¿Segmentación socio-territorial o fractura social?


Pablo Martínez Bengochea

25 de abril de 2018


A propósito del documento de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) “Construyamos puentes de fraternidad en una sociedad fragmentada” del 14 de abril de 2018


Para alcanzar una comprensión lo más clara posible sobre este documento y sus repercusiones inmediatas es preciso considerar dos aspectos: primero el punto de partida, esto es el asunto que motiva el documento y que se constituye por lo tanto en su objeto; segundo, el tratamiento que sobre dicho asunto se realiza en el propio documento.


1. Comencemos pues por el primer aspecto, la definición del objeto del documento. Este es señalado al inicio mismo: “la realidad de la fragmentación que vive nuestra sociedad, y que nos afecta como integrantes de la misma” (p.7). Ello es definido unos párrafos más adelante: “Es posible que muchos se pregunten hoy por qué a pesar de las mejoras de los últimos años en los indicadores económicos y del impulso dado a políticas redistributivas, que crearon las condiciones para disminuir el número de familias en situación de pobreza, aún subsisten sectores que no han podido acceder a niveles de vida digna. Nos inquieta que los más afectados continúan siendo los niños, que siga habiendo personas que viven en las calles. También nos cuestiona como país percibir muchos signos de deterioro del relacionamiento social, como el aumento de la violencia en diversos ámbitos: la familia, la educación, las calles, los espectáculos públicos.” (p.8). Efectivamente, nuestro país ha logrado una reducción muy importante del porcentaje de hogares y personas en situación de pobreza e indigencia, así como de la desigualdad, medidas por ingreso, resultado inequívoco de las políticas públicas implementadas. Sin perjuicio de la magnitud de estos logros, y teniendo en cuenta que las condiciones sociales de vida no son solo una cuestión de ingresos, sino también de activos y oportunidades para realizar los mismos, no son pocas las familias que continúan viviendo en condiciones de pobreza, marcadas por carencias de distinto tipo (vivienda y hábitat, precaria inserción laboral, escaso nivel educativo, principalmente). Es en estos hogares donde nacen muchos de nuestras niñas y niños. Esta es una preocupación muy pertinente y felicitamos a la CEU por considerarla para motivar un documento específico al respecto.


El documento continúa afirmando: “La situación que hoy vivimos es fruto de procesos que, desde hace ya décadas, han venido transformando los principales ámbitos de generación de identidad e inserción social de las personas: el trabajo, las familias, los barrios, los centros educativos. Estos procesos se interrelacionan y se potencian entre sí y afectan de manera desigual a los sectores más vulnerables de la población. Inciden en las oportunidades de generar proyectos de vida sostenibles para todos y en la convivencia, generando distancias, brechas. Por esto muchos utilizan el término fragmentación o fractura social para hablar de esta realidad.” (p.8). En realidad, los términos habitualmente utilizados -tanto por las ciencias sociales como por actores sociales o políticos - son segmentación o fragmentación socio-territorial o socio-espacial aludiendo a procesos que generan “ámbitos territoriales más homogéneos en su interior y más diferenciados entre ellos, aislándose, reduciéndose las áreas de la ciudad por las que transitan unos y otros (perdiéndose oportunidades de interacción) y aumentando aquellas en las que las personas se sienten extranjeras. La agudización de estos procesos afecta las dimensiones pública y privada de la vida social y debilita los sentimientos de ciudadanía en tanto se reducen las experiencias de compartir problemas, intereses, proyectos e iniciativas colectivas entre personas de condiciones socioeconómicas, educativas y culturales diferentes. Estos procesos están asociados a cambios en el mundo del trabajo, en el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, en la localización de las actividades productivas y comerciales, en las formas de la urbanización y del acondicionamiento urbano, en los mecanismos de acceso a la vivienda, en la calidad de los servicios públicos (justicia, seguridad, transporte, salud, educación).” (Izquierda Cristiana Dic/2017)[1]. Así definida, la segmentación socio-territorial de la población es uno de los principales asuntos estratégicos[2] que el país debe encarar, tal como lo hemos señalado en el mencionado documento de la Izquierda Cristiana.


Si esa es la fragmentación social que preocupa a la CEU, nuevamente agradecemos y compartimos su señalamiento. Pero ¿lo es? Tanto el diseño de la tapa como el título y algunas afirmaciones incluidas en el texto aluden más a la idea de una fractura social de corte sociopolítico que a la consideración de los procesos de segmentación socio-territorial de la población. Por ejemplo, en las conclusiones del documento encontramos las siguientes expresiones: “las heridas y divisiones que han ido surgiendo entre nosotros” (p.29) y unas líneas más adelante la apelación a la “reconciliación nacional” y al “amor al enemigo” (p.30). Si el objeto del documento no fuera la consideración de la fragmentación “socio-territorial” de la población sino una “fractura social” del tipo de las que se han caracterizado en otras sociedades, el análisis debería aportar elementos sólidos para fundamentar tal cosa.


2. El segundo aspecto a considerar es el tratamiento que se realiza en el documento sobre la fragmentación social y que comprende el análisis de la realidad, los elementos de la fe cristiana que ayudan al discernimiento y las pautas para la acción.


2.1. En el análisis de la “fragmentación social” se abordan en el documento varias dimensiones: el trabajo, la familia, el desbalance generacional, el campo y la ciudad, el territorio, el acceso a servicios y el papel de la educación, y la convivencia ciudadana. El análisis es muy rico y es valiosa la incorporación de las distintas dimensiones. Entre ellas cabe destacar “el territorio” pues allí el documento aborda la fragmentación socio-territorial, con un incipiente abordaje de las interacciones entre el lugar de residencia y otros aspectos tales como el trabajo. Cabe preguntarse por qué esta sección no forma parte de la definición del objeto del documento, sino que es considerada tan solo como uno más de las dimensiones a tener en cuenta. Resulta un acierto del documento la inclusión de otras dimensiones en el análisis: el trabajo, la familia, el desbalance generacional, el acceso a servicios y el papel de la educación, la convivencia ciudadana, aunque falta una mayor profundización sobre la relación entre ellas y con el territorio. Asimismo, hubiera enriquecido el análisis la inclusión de otras dimensiones relevantes tales como la localización de las actividades productivas y comerciales, y las formas de urbanización y acondicionamiento urbano (la construcción de ciudad).


Una consideración especial merece la inclusión de la dimensión “El campo y la ciudad”, que presenta muy superficialmente una contradicción social entre estos dos ámbitos donde parecen combinarse visiones de un siglo atrás con las consignas de las recientes movilizaciones de los llamados autoconvocados. En todo caso sería más correcto aludir a “las desiguales condiciones de vida entre quienes viven en Montevideo y los centros urbanos más importantes, particularmente los de la faja costera del Río de la Plata, y aquellos radicados en los pequeños pueblos y villas dispersos en el territorio nacional y, en muchos casos, muy distantes de los centros urbanos de mayor porte. Estas condiciones afectan muy especialmente a los adolescentes y jóvenes en cuanto a las posibilidades de acceso a la educación secundaria y terciaria, al empleo, a espacios de recreación y socialización.”(Izquierda Cristiana Dic/2017)[3]. A la reducción de estas desigualdades se han volcado muy importantes esfuerzos de las políticas públicas nacionales.


Sin perjuicio de ello, no olvidemos algo que golpea los ojos y refrendan las estadísticas: los mayores contingentes de familias en situaciones de pobreza y vulnerabilidad a la pobreza están en la periferia metropolitana, así como las mayores desigualdades se verifican entre quienes viven en ellas y quienes residen en los barrios de la costa sureste metropolitana.


Llama la atención por su ausencia, la consideración de las relaciones sociales (económicas, culturales, sociales); de los actores sociales (no hay mención alguna a los trabajadores ni al movimiento sindical, al empresariado y sus organizaciones, y escasas referencias a las organizaciones de la sociedad civil); de las redes de narcotráfico; de las dinámicas económicas; así como de un destaque equilibrado tanto de los problemas que enfrentamos como de los logros alcanzados por la sociedad uruguaya.


Luego de expresar la preocupación por la pobreza, ya citada, se afirma “vivimos esta situación con un sentimiento de pérdida, de nostalgia por tiempos pasados” (p.8) ¿a qué situación en particular y a cuál tiempo pasado se refiere?


2.2. En la segunda parte, el documento aporta algunos elementos para el discernimiento de los cristianos ante esta realidad. El documento se apoya aquí en textos bíblicos, del Antiguo y Nuevo Testamento, así como en elementos propios de nuestras tradiciones, destacando la prioridad por los más pobres, desfavorecidos y excluidos, por no discriminar ni segregar, por la igualdad, por vivir comunitariamente compartiendo de forma que no hubiera necesitados, por el amor a los demás. Resultan bien pertinentes estos elementos para comprender y reflexionar sobre las situaciones de pobreza y fragmentación socio-territorial aún imperantes en nuestra sociedad. A la vez, podrían haberse recogido, respecto de esta realidad, muchos aportes de los documentos del Concilio Vaticano II, de las Conferencias de los obispos latinoamericanos de Medellín (de la que estamos cumpliendo los 50 años), Puebla y Aparecida, entre otros, que hubieran enriquecido la reflexión de la comunidad. Asimismo, no existe en el documento la imprescindible identificación de las experiencias y manifestaciones realizadas por nuestra comunidad nacional que anticipan la utopía (los “signos de los tiempos”) y nos iluminan el caminar. Y vaya si las hay.


2.3. En la tercera parte, el documento aporta elementos para la acción bajo el título “Tender puentes y construir fraternidad”. A la luz de los elementos para el discernimiento presentados en la segunda parte del propio documento de la CEU nos preguntamos respecto al título de esta sección: ¿Por qué “puentes” y no “integración social”? ¿Por qué “fraternidad” y no “solidaridad y comunidad”?  ¿Por qué se afirma mantener una “mirada positiva” y no una “mirada esperanzada”?

En esta parte se apela a la responsabilidad de todos, del Estado y de la Iglesia. Se apela a un cambio de actitudes individuales, más que a un cambio en las relaciones sociales. Se apela al Estado, a la “clase política” (y también a “técnicos y profesionales”, por cierto) (p.24). Sin embargo, no se convoca a responsabilidad a la clase empresarial, ni a aquellos que concentran una parte importante de la riqueza y del ingreso. Tampoco hay mención a los trabajadores y sus organizaciones, que en el PIT-CNT constituyen el principal movimiento social organizado del país. Asimismo, son mínimas las referencias a movimientos y expresiones organizadas de la sociedad civil. Tampoco hay una afirmación del sentido de la política como la construcción del bien común y la ética de servicio al prójimo, a la comunidad, como base y eje del accionar político. Llamativamente se reconoce el rol del Estado actuando conjuntamente con la sociedad civil organizada en la recuperación de “espacios públicos” pareciendo desconocerse la importancia que ha tenido en nuestra sociedad la participación de la sociedad civil organizada en la promoción y desarrollo del Plan CAIF y otros emprendimientos orientados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, del cooperativismo y la economía social, entre otros, donde, además, la presencia de cristianos ha sido y es tan significativa. En un sentido similar, al inicio del documento se hace referencia al contacto con esta realidad por parte de “sacerdotes, diáconos, religiosos, catequistas y animadores” (p.7) y al final, al valorar “las experiencias que muchos cristianos, y en especial los más jóvenes, realizan y que los ponen en contacto con realidades sociales diversas” solo se mencionan “misiones, apostolados, etc.” (p.26). ¿Y los laicos insertos en el mundo, en el trabajo, la empresa, la familia, el barrio, el sindicato, el centro de estudios, el laboratorio, el deporte y la cultura, en los partidos políticos y en todos esos pequeños y a veces grandes ámbitos donde se desarrolla la vida?


Concordamos con que “tenemos que actuar sobre los procesos que generan exclusión, y no solo sobre sus efectos” (p.25). Esto solo puede hacerse transformando esos procesos sociales. Al respecto, en el mencionado documento de la Izquierda Cristiana “Políticas públicas para profundizar los cambios” de diciembre de 2017 se propone un conjunto de acciones en cinco ejes de política pública, uno de los cuales titulado “Construyendo una sociedad inclusiva”. Allí se formulan lineamientos para abordar los desafíos de: erradicar la pobreza, reducir la segmentación socio-territorial, articular la política de vivienda con las políticas urbano-territoriales orientadas a la integración social y fortalecer la provisión de bienes y servicios públicos universales de calidad. Ponemos esos aportes al servicio de la definición de las prioridades nacionales de cara al futuro. Y lo hacemos con esperanza y compromiso, conscientes de la existencia de experiencias y realizaciones actuales que anticipan una sociedad nueva fundamentada en el bien común, la democracia y la valoración de la dignidad humana.

 

Pablo Martínez Bengochea

Presidente del Instituto Juan Pablo Terra



[1] Izquierda Cristiana. Políticas públicas para profundizar los cambios. Desafíos y propuestas. Montevideo, 12 de diciembre de 2017. Pág. 17. Disponible en: www.izquierdacristianauruguaya.uy

[2] Entendiendo por asuntos estratégicos aquellos considerados significativos y relevantes por algunas de las siguientes razones: son decisivos para definir el futuro a mediano plazo de la sociedad; pueden evolucionar de distinta forma según la visión de desarrollo que se adopte; el Estado y la Sociedad tienen la posibilidad de actuar sobre ellos con razonable impacto; y los costos de no actuar pueden ser gravosos para el futuro del País y sus habitantes.

[3] Izquierda Cristiana. Políticas públicas para profundizar los cambios. Desafíos y propuestas. Montevideo, 12 de diciembre de 2017. Pág. 18. Disponible en: www.izquierdacristianauruguaya.uy

 


Juan Pablo Terra

Uruguayo, cristiano, pensador y político, comprometido con su tiempo.
 
Juan Pablo Terra integró de manera fecunda la fe cristiana, la labor intelectual y el compromiso social y político. Fue por ello un hombre de reflexión y acción. Su preocupación por los acontecimientos de su tiempo lo llevó a investigarlos para comprenderlos y transformarlos.. Se suceden así sus rigurosos y metodológicamente novedosos trabajos sobre el Uruguay rural, la vivienda, la infancia, y las políticas sociales; en cada uno de los cuales el esfuerzo no se agotó en el mero diagnóstico, sino que avanzó en la propuesta de políticas públicas.
 
Más aún, él mismo se involucró en la acción política para cambiar esa realidad, impulsando iniciativas que entendía imprescindibles y a la vez promoviendo la constitución de los actores políticos para llevar adelante los cambios.
 
Defensor inclaudicable de los derechos humanos, las libertades y la democracia, denunció y enfrentó con firmeza en todo momento el autoritarismo y la dictadura.

Nuestro Instituto se propone, al llevar su nombre, conservar su legado documental, traer al presente con vocación de futuro el pensamiento y la obra comprometida de Juan Pablo Terra y promover la acción política, intelectual y vital inspirada en los mismos valores humanistas cristianos que dieron sentido y significado a su vida.

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