La economía social y solidaria, entendida como un conjunto de experiencias económicas fundadas en valores solidarios, ha dado lugar en los últimos años al surgimiento de nuevos actores (bancos éticos, organizaciones de comercio justo, empresas autogestionarias, empresas recuperadas, redes de productores orgánicos o productores artesanales, etc.) que sumados a los actores de mayor tradición (cooperativas, mutuales, asociaciones) caracterizan un sector específico de la economía a la par que un movimiento social de considerable dinamismo, sobre todo en países latinoamericanos y europeos.
A este dinamismo asociativo en el plano socioeconómico, se le ha sumado un paulatino interés desde las políticas públicas, lo que se ha traducido en dos subtipos concretos de intervenciones desde el Estado, a saber: a) la creación de políticas públicas para el fomento, desarrollo y vigilancia del sector; b) la creación de un marco legal y en ciertas ocasiones incluso constitucional.
Para el caso latinoamericano las políticas para el fomento, desarrollo y vigilancia del sector datan de fines de los años noventa y hoy están vigentes de forma explícita en la mayoría de los países de Sudamérica. Para el caso Europeo, el principal hito es la creación de la Délégation interministérielle à l´Économie Sociale (DIES) de Francia en el año 1981, aunque también es en los noventa que aumenta su consideración pública. (Guerra et al, 2009).