Hay claros indicios de que estamos asistiendo a un tiempo de cambios profundos en cuanto a la forma en la que el Estado y la sociedad civil uruguaya, entienden su lugar en los procesos de desarrollo y de transformación del país, afectando los vínculos y las relaciones entre estas esferas. La tradicional matriz estado- céntrica de la sociedad uruguaya caracterizada por un monopolio de la presencia estatal en la acciones del bienestar social y las estructuras partidarias como espacios casi exclusivos para la canalización de demandas ciudadanas, parece estar sufriendo importantes transformaciones.
La creciente participación de organizaciones de la sociedad civil en las políticas y programas estatales, el aumento del voluntariado como expresión de la solidaridad ciudadana, la creciente participación de las empresas en acciones de responsabilidad social y la apertura de espacios de participación ciudadana integrados a la gestión pública son sólo algunas evidencias de estas transformaciones.
Pese al avance de estas tendencias, constatamos que estas transformaciones no están siendo suficientemente comprendidas por el sistema político y la sociedad en general. Tampoco desde los ámbitos académicos se ha priorizado el estudio de estas transformaciones para mejorar nuestra comprensión y poder incidir en ellos. Se hace necesario impulsar una agenda pública que permita una mejor comprensión de los cambios en curso en la matriz de relacionamiento Estado-Sociedad Civil, para promover así los marcos institucionales, legales y políticos necesarios para orientar y encauzar estos procesos. Las transformaciones en curso requieren de marcos normativos y legales que permitan desarrollar al máximo el potencial de la ciudadanía para contribuir al fortalecimiento y profundización de la democracia. Asimismo, se requieren marcos institucionales capaces de impulsar políticas y programas que sirvan de estimulo para lograr instalar un círculo virtuoso en la articulación Estado-Sociedad Civil.
Esta nueva agenda deberá estar anclada en la noción de “civismo” como expresión del compromiso de la ciudadanía con los asuntos públicos y elemento necesario para construir una sociedad plural, democrática y capaz de resolver sus diferencias de manera “civilizada”. El vocablo civis –de raíz latina– hace referencia a la expresión utilizada para referirse a los conciudadanos que habitaban una misma ciudad, los vínculos que los unían entre sí y especialmente, los lazos que los vinculaban con la “civitas” (ciudad). En sintonía con este origen etimológico, la nueva agenda deberá promover una cultura de diálogo entre los actores de la sociedad (civil y política) orientado hacia la búsqueda del bien común, favoreciendo la co-responsabilidad de la ciudadanía en los asuntos públicos, promoviendo mayores y más creativos niveles de sinergia y articulación entre la acción estatal y la acción civil.